El 26 de septiembre, de 11:00 a 12:30 horas, se llevó a cabo en línea el conversatorio dirigido a servidores públicos de los 32 Órganos Estatales de Control, con la participación de 608 asistentes. El evento fue impartido por el Ingeniero Óscar Ramírez Hernández, Director de Auditoría a la Operación Regional C, un destacado especialista con más de 15 años de experiencia en la fiscalización de recursos públicos y auditoría de obras de infraestructura.

Durante el conversatorio, se abordaron diversos temas relevantes para mejorar la supervisión de los fondos federales. En primer lugar, se destacó el fortalecimiento de los mecanismos implementados por México para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, efectiva y transparente. Se resaltó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una pieza clave en la lucha contra la corrupción, promoviendo la coordinación entre los organismos de auditoría federal y estatal y enfatizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Otro tema relevante fue la mejora en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la supervisión fiscal. Se destacó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como un elemento central para estandarizar procedimientos de auditoría y rendición de cuentas, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Esto ha contribuido a un mayor control sobre la administración de los recursos, mejorando la eficiencia y efectividad de los procesos de supervisión.

Asimismo, se puso énfasis en las medidas preventivas contra la corrupción. Las nuevas leyes están diseñadas para promover un comportamiento ético entre los servidores públicos, con un enfoque en los códigos de ética, los programas de capacitación y el establecimiento de organismos de supervisión independientes, todos elementos clave para evitar actos de corrupción y fortalecer los controles internos.

Por último, el conversatorio destacó la creciente responsabilidad de los funcionarios públicos en la rendición de cuentas por el uso de los fondos federales. Los servidores públicos están ahora sujetos a estándares más rigurosos y enfrentan posibles sanciones civiles y penales en casos de malversación o uso indebido de los recursos públicos.