La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de acceso a la información, petición, asociación y participación de los diversos sectores de la sociedad, en la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales están reconocidos en los artículos 6, 8, 9 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, preceptos que son desarrollados en los siguientes ordenamientos.