Política Nacional de Datos Abiertos
En 2011, como parte de un movimiento global por la apertura gubernamental, se emitió un decreto presidencial en México para promover la interoperabilidad y los datos abiertos en la Administración Pública Federal y en 2015, con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se dio un sustento normativo a los datos abiertos, mediante su conceptualización en dicho instrumento jurídico, y se estableció que los organismos garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales tuvieran el mandato de promover su publicación.
Con base en estos antecedentes, en 2022 surgió la estrategia Abramos México impulsada por representantes de la sociedad civil, la academia y los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT). El objetivo era construir una Política Nacional de Datos Abiertos aplicable a todos los sujetos obligados contemplados en la LGTAIP.
Después de un año de llevar a cabo diversas mesas de trabajo y una consulta pública en todo el país, la Política Nacional de Datos Abiertos se aprobó por unanimidad en la sesión del Consejo Nacional del SNT del 9 de octubre de 2023 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de noviembre del mismo año.
Es importante destacar que esta Política Nacional no solo se basa en lo establecido en la LGTAIP, sino que también se toman como referencia las directrices y recomendaciones internacionales en materia de datos abiertos de la Alianza para el Gobierno Abierto; la Declaración de Gobierno Abierto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que México se adhirió en 2011; la Declaración de Cartagena sobre Gobierno Electrónico para las Américas, que México firmó en 2012, y la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que México se adhirió en 2015.
El principal objetivo de la Política Nacional es que los datos abiertos en México contribuyan a lo siguiente:
- Dotar de legitimidad, mayor transparencia y consolidar la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado mexicano.
- Promover una mayor participación ciudadana y la vigilancia social de las instituciones del Estado mexicano, lo cual fortalece la justicia.
- Propiciar una mayor colaboración entre la sociedad, las empresas y las instituciones públicas para el desarrollo de mejores políticas públicas.
- Generar más investigación, conocimiento e innovación aplicada a los distintos sectores y potenciando el uso de las tecnologías.
- Promover un mayor crecimiento y desarrollo económico, competencia, competitividad, inversión, empleo y emprendimiento.
- Motivar el cambio institucional y la mejora de la gestión pública mediante la transformación digital de las organizaciones
- Contribuir a cerrar brechas y garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la información como en el ejercicio de los derechos humanos.
- Fortalecer la vida democrática de las personas mediante el uso de la información pública en la construcción de posibles soluciones a los problemas que les afectan